El decreto ejecutivo no regula derechos, sino establece y desarrolla un procedimiento técnico para la elaboración de la consulta ambiental.
El ministro de Ambiente y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, indicó que los denunciantes no alegan inconformidades respecto al contenido del decreto ejecutivo, sino de la forma.
También sostuvo que hay una contradicción de los denunciantes al señalan, en la acción de inconstitucionalidad, que no existió una consulta pre legislativa, pero que en los alegatos «se dice que existió, pero que había inconformidad».
Al igual que Salgado, el ministro Dávalos sostiene que el decreto ejecutivo cumple con una disposición del Corte Constitucional y que no suple la consulta previa, libre e informada. «Lejos de ser un detrimento, lo que hace es ampliarlos.